En medio de una escalada de tensiones políticas, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la senadora Paloma Valencia, quien anunció acciones legales en su contra tras acusaciones por su presunta implicación en los llamados “falsos positivos”, que atribuyen al gobierno del expresidente Álvaro Uribe la responsabilidad en la muerte de 6.402 jóvenes.
A través de su cuenta en X, Petro calificó como injusta la pretensión de Valencia de demandarlo por acusarla de ser “cómplice” de estos crímenes de Estado. El mandatario hizo énfasis en que denunciar estas ejecuciones extrajudiciales —reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— no es un asunto de odiosidad, sino una obligación ética y política de memoria y justicia.
Según los registros de la JEP, durante cuatro años perecieron 6.402 jóvenes en ejecuciones no legítimas atribuibles al aparato estatal.
Petro cuestionó con fuerza a quienes dirigen críticas a quienes denuncian violaciones de derechos humanos. En su mensaje, afirmó:
“Niegan todo lo que representa los tratados de derechos humanos, nacionales y mundiales, porque han sido décadas las que han dejado violarlos, y han perseguido desde sus gobiernos a quienes defienden los derechos humanos”, manifestó el jefe de Estado.
Para el presidente, estas afirmaciones no constituyen un acto de odio, sino un contrapeso necesario frente al “negacionismo” que, según él, ha marcado a ciertos sectores del país que se resisten a reconocer responsabilidades estatales.
Petro también planteó que quienes ejercieron funciones políticas o gubernamentales en el periodo de los hechos deben ser desvinculados de cualquier proyecto partidista que pretenda hacer política sin asumir su parte de responsabilidad.
Por su parte, Paloma Valencia (del Centro Democrático) replicó mediante un mensaje en X que interpondrá denuncias ante las cortes. Pidió que el presidente “se controle” y lo responsabilizó de incitar agresiones contra ella y otros representantes de la oposición.
Su partido emitió un respaldo público, en el que aseguran que los señalamientos presidenciales son amenazas a la integridad física de la senadora y un obstáculo para la libertad política.
El enfrentamiento público entre dos figuras clave del espectro político colombiano pone en evidencia la dificultad de articular memoria, verdad y responsabilidades en el país, en un contexto donde los reclamos por justicia histórica siguen generando fuertes divisiones.
