El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto correspondiente a la ley de rescate económico, una iniciativa orientada a estabilizar las finanzas públicas, disminuir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad del presupuesto nacional. La propuesta combina medidas de austeridad en el gasto público con modificaciones tributarias destinadas a transformar la estructura de recaudo en el país.
Entre los componentes centrales del articulado figuran diversas disposiciones dirigidas a recortar el gasto de funcionamiento del Estado. El plan contempla la reducción en los contratos de prestación de servicios, la aplicación de topes a las compras institucionales atados a la inflación y la optimización de los recursos de liquidez disponibles en diferentes fondos públicos. Asimismo, se establecen mecanismos para facilitar la monetización de activos estatales que no resulten indispensables para el funcionamiento administrativo.
En materia tributaria, la propuesta introduce cambios en el impuesto sobre el valor agregado y en los gravámenes aplicables a determinados bienes de consumo. El texto contempla un esquema progresivo que incluye la devolución de este tributo a millones de ciudadanos pertenecientes a los sectores poblacionales con menores ingresos, buscando compensar el impacto sobre el costo de vida. Adicionalmente, se modifican las tarifas para productos como bebidas alcohólicas, tabaco y operaciones comerciales realizadas a través de plataformas digitales internacionales.
Por otro lado, para estimular la actividad productiva y la inversión privada, la iniciativa incorpora incentivos dirigidos al sector empresarial, tales como reducciones en las tarifas del impuesto sobre la renta para aquellas compañías que impulsen la generación de empleo y nuevas inversiones. El proyecto continuará su curso en las comisiones económicas y plenarias del Congreso, donde se adelantarán las discusiones correspondientes para su eventual aprobación.
