Un despacho judicial ordenó al ministerio del ramo y a las directivas del recinto cultural la restitución inmediata de la totalidad de las piezas y obras que habían sido retiradas de las salas de exhibición semanas atrás. La determinación se adoptó tras resolver una acción de tutela que cuestionaba la legalidad y los motivos detrás de la extracción de los elementos patrimoniales.
El pronunciamiento del juzgado establece que la devolución de los objetos debe cumplirse en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación oficial de la providencia.
Dentro de los fundamentos expuestos por el despacho, se indicó que las actas y documentos presentados por las entidades durante el trámite legal evidenciaban el traslado de las obras, pero carecían de los argumentos suficientes para justificar las razones de su retiro, omitiendo una evaluación previa por parte de las instancias técnicas y curatoriales correspondientes.
La decisión judicial enfatizó la protección de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, el pluralismo, el acceso a la cultura, la educación y la preservación de la memoria histórica. Asimismo, aclaró que la medida no limita la facultad de las instituciones culturales para realizar modificaciones futuras en sus muestras permanentes o temporales, siempre y cuando tales decisiones respondan a criterios estrictamente técnicos, administrativos y curatoriales validados por los comités de gestión patrimonial, y no a determinaciones unilaterales motivadas por el rechazo a contenidos específicos.
El fallo de primera instancia podrá ser impugnado por las partes involucradas dentro de los plazos establecidos por la normativa procesal vigente, por lo que las directrices de restitución inicial deberán cumplirse mientras se surten las siguientes etapas del proceso legal.
