La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro hombres y cuatro mujeres señalados de integrar una red criminal de estructura familiar dedicada a la extracción ilícita y sistemática de oro en la cuenca del río Nechí, ubicada en el departamento de Antioquia. Las actividades delictivas se venían desarrollando desde el año 2024 sin contar con el título minero ni con las licencias ambientales requeridas para esta clase de explotación.
Investigaciones adelantadas por la policía judicial, que incluyeron interceptaciones de llamadas, seguimientos en terreno y tres operativos de campo, permitieron establecer los roles dentro de la organización.
Alexander Villalba Martínez es señalado como el presunto cabecilla y coordinador principal de las operaciones, mientras que José Alfredo Villalba Martínez asumía el manejo de cuatro dragas de tipo brasileño y maquinaria pesada empleadas en el cauce del río. Por su parte, la parte administrativa, logística y financiera estaba bajo la gestión de María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero.
El entramado también contaba con Andrea Catalina Castañeda Correa en la asignación del uso de la maquinaria, Jhon Hever Soto Flórez en la administración de una mina a cielo abierto en Jardín de Tamaná, Angie Paola Agudelo en labores secretariales y Maicol Álvarez Caicedo como encargado del comercio del mineral extraído. Los análisis de la autoridad ambiental evidenciaron graves daños en el bajo Cauca antioqueño, caracterizados por la pérdida de la capa vegetal, erosión, alteración de los cursos de agua y la utilización de mercurio.
Durante los procedimientos de captura llevados a cabo en Caucasia y El Bagre, los uniformados incautaron 695 gramos de oro valorados en más de 284 millones de pesos, 152 gramos de platino, 508 millones de pesos en efectivo, dispositivos móviles y documentación relevante. Una fiscal especializada imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, ecocidio y lavado de activos. Un juez promiscuo municipal dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para seis de los acusados, mientras que dos de las mujeres permanecerán con prisión domiciliaria.
