En diálogo con Caracol Radio, el abogado penalista Santiago Trespalacios analizó las repercusiones jurídicas y constitucionales derivadas de las recientes confrontaciones directas protagonizadas por altos funcionarios del Gobierno nacional frente a ciudadanos que han sido recientemente capturados durante operativos de la fuerza pública.
El jurista manifestó su preocupación ante la práctica de encarar a personas privadas de la libertad en condiciones de absoluta asimetría de poder. Al respecto, enfatizó: «El presidente de la República de Colombia está violando la Constitución que juró proteger, que juró obedecer».
El especialista recordó que las disposiciones normativas consagran de manera expresa la intangibilidad de la dignidad humana y prohíben cualquier clase de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante la conversación, Trespalacios describió las circunstancias en las que se producen estas interacciones, señalando que se expone a un individuo esposado de pies y manos y rodeado de escoltas armados. En ese sentido, puntualizó que «nadie está en una situación más asimétrica de poder, nadie que un sujeto esposado… y lo encara, lo llama bandido». Para el abogado, este tipo de puestas en escena vulnera los principios fundamentales del derecho y desborda las competencias institucionales, afirmando que «ni siendo un bandido se puede usar su cuerpo indefenso como propaganda política».
Asimismo, el experto jurídico desestimó los argumentos que justifican estas intervenciones bajo la premisa de brindar respuestas efectivas a las víctimas del delito. A su juicio, este tipo de actuaciones responde a una estrategia comunicativa ajena al debido proceso. Reiteró que «esto es un show político, de propaganda política, donde se utiliza la imagen de un ciudadano como un objeto para enviar un mensaje a la sociedad».
Finalmente, el penalista advirtió que la repetición de estas dinámicas operativas podría acarrear consecuencias patrimoniales para el Estado en caso de demostrarse afectaciones a los derechos fundamentales de los procesados. Concluyó señalando que «el Estado no se encuentra autorizado para humillarlo públicamente ni para usar su imagen como propaganda política, porque el Estado tiene que respetar algo que se llama la dignidad humana».
