Actualmente el proyecto de ley de sometimiento es uno de los más discutidos en el Congreso de la República. Dicha iniciativa, presentada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, tiene como principales puntos el desmantelamiento de las principales estructuras ilegales, el no otorgamiento de estatus político a estructuras como el ELN y medidas de resocialización y de justicia transicional que ya implementan mecanismos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional y al propio Legislativo para que haga una revisión exhaustiva al articulado a fin de garantizar sanciones justas para quienes cometan crímenes graves, y prevenir riesgos de inconstitucionalidad.
Al respecto, la defensora Iris Marín señaló ante la Comisión Primera del Senado que, si bien el articulado reconoce las dinámicas actuales del país y mejora las condiciones para niñas, niños y adolescentes víctimas de estructuras armadas y criminales, contempla la posibilidad de aplicar redenciones que podrían reducir desproporcionadamente el tiempo efectivo de prisión.
De igual manera, sostuvo que expresiones como «convivencia pacífica» y seguridad ciudadana podrían generar riesgos de inconstitucionalidad, pues extienden el sometimiento a la criminalidad a la delincuencia común e incluso a la protesta social.
«Dicho de manera muy coloquial, esto genera que hasta una banda de apartamenteros se pueda someter; o interpretaciones más críticas para los derechos humanos y que tienen que ver con hechos relacionados con la protesta social y que se entiendan como hechos de criminalidad. Sabemos que eso no es así y que no es la intención del gobierno», dijo la funcionaria.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el articulado se construyó recogiendo propuestas de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la misma Defensoría del Pueblo. En ese sentido, indicó que se pueden llegar a consensos en medio de las diferencias alrededor del texto.
«Hemos recibido numerosas proposiciones y las hemos tenido en cuenta. Con la defensora del Pueblo he tenido un diálogo respetuoso y recibimos muchas de sus propuestas. Lo mismo con la Fiscalía y con la sociedad civil, así como con partidos de gobierno, en independencia y en oposición», explicó el jefe de la cartera de la justicia y el derecho.
