La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó sus argumentos ante el Consejo de Estado relacionados con la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto. En su exposición, la entidad advirtió que no es viable organizar y ejecutar este mecanismo de participación ciudadana en un plazo de 53 días, tal como fue dispuesto por el mandatario.
Entre los principales puntos esgrimidos por la Registraduría, se recalca que la magnitud del operativo requerido para llevar a cabo la consulta excede los tiempos estipulados en el decreto presidencial. Según lo señalado por la entidad, el proceso implica la coordinación de recursos humanos, técnicos y logísticos a nivel nacional, lo cual demanda una planeación detallada y periodos de preparación claramente establecidos por la legislación electoral vigente. En ese sentido, la Registraduría sostuvo que acelerar estos procedimientos comprometería la transparencia y la calidad del evento democrático.
La Registraduría enfatizó que existen procedimientos legales y operativos que no pueden ser omitidos o recortados sin afectar gravemente la organización de la consulta. Esto incluye fases como la elaboración y depuración del censo electoral, la contratación de personal, la adquisición y distribución de materiales electorales, así como la implementación de garantías de seguridad jurídica y operacional para todos los actores involucrados. Por este motivo, el órgano concluyó que resulta materialmente inviable cumplir con el calendario propuesto en el decreto del presidente Petro.
