La agenda de reformas constitucionales orientadas a modificar la estructura, competencias o temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó archivada en el Congreso de la República debido al vencimiento de los plazos reglamentarios establecidos para su discusión y aprobación en el periodo legislativo.
Las iniciativas, que incluían propuestas para fijar la culminación de las funciones del tribunal transicional y establecer mecanismos de revisión sobre fallos emitidos previamente, no lograron surtir los debates requeridos dentro de los términos normativos.
De acuerdo con las disposiciones aplicables a los actos legislativos en el ordenamiento jurídico colombiano, los proyectos de esta naturaleza deben superar cuatro debates en su primera vuelta dentro de una misma legislatura. Ante la falta de votación oportuna en las plenarias y comisiones correspondientes, los textos perdieron vigencia temporal.
Entre las iniciativas afectadas se encontraba la propuesta impulsada por sectores políticos para establecer un plazo de finalización de las actividades de la jurisdicción especial, la cual había obtenido aprobación en su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, la posterior programación de la agenda y la falta de inclusión de la iniciativa en los primeros puntos del orden del día impidieron que continuara su tránsito reglamentario antes del cierre de las sesiones ordinarias.
De manera simultánea, otras iniciativas de reforma constitucional tramitadas en el legislativo enfrentaron el mismo destino procesal por la escasez de tiempo en el calendario parlamentario, lo que dejó sin efecto los debates pendientes sobre las modificaciones al marco institucional derivado del acuerdo de paz y a otras normativas de control político presentadas durante la actual legislatura.
