La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió sentencia e impuso sanciones propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública, tras declararlos máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia, entre los años 2002 y 2006. La determinación judicial abarca 18 hechos que dejaron 35 víctimas directas, cometidos por miembros de los batallones de Contraguerrillas No. 26 y No. 79.
Las sanciones fueron establecidas luego de que los comparecientes reconocieran su responsabilidad y aportaran verdad ante la magistratura, lo cual permitió la recuperación de 77 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba; de ese total, 18 han sido identificados y 17 entregados a sus familiares. Durante la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones criminales: el asesinato de campesinos señalados de tener vínculos con la insurgencia en alianza con grupos paramilitares; el traslado bajo engaño de personas desde Medellín y Turbo para ser presentadas como resultados operacionales; y el ocultamiento de cadáveres en los cementerios municipales de Dabeiba e Ituango.
Los oficiales y suboficiales condenados por desaparición forzada y asesinato —constitutivos de crímenes de lesa humanidad—, así como por homicidio en persona protegida —crimen de guerra—, recibieron penas que oscilan entre los cinco y seis años. El mayor Edie Pinzón Turcios, excomandante de la compañía B del Batallón de Contraguerrillas No. 26, recibió seis años y dos días; el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, seis años y seis meses; y el mayor Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79, seis años, seis meses y diez días. Por su parte, el sargento viceprimero Jaime Coral Trujillo fue sancionado con cinco años, seis meses y diez días, mientras que el sargento segundo William Andrés Capera Vargas recibió cinco años, ocho meses y 25 días.
Durante la lectura del fallo, el magistrado ponente Juan Ramón Martínez Vargas señaló que la decisión responde a los estándares constitucionales e internacionales: “La sanción propia no es impunidad; es el corazón del modelo de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz”. Asimismo, la vicepresidenta de la JEP, Diana Vega Laguna, indicó que estas medidas abren una fase de cumplimiento verificable en los territorios. Desde la representación de las víctimas, Esneda Altamirano, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano, manifestó: “Para nosotras, las víctimas, esta sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el Caso Conjunto 03 y 04 no es simplemente un documento jurídico. Representa el reconocimiento de lo que ocurrió, de nuestras historias y de los daños que sufrimos”.
Entre diciembre de 2026 y octubre de 2034, los sentenciados deberán cumplir jornadas laborales de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con movilidad restringida y autorización judicial para cualquier desplazamiento fuera de las zonas asignadas, ejecutando nueve trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR). Las iniciativas comprenden el mejoramiento de caminos en diez municipios; labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo; intervenciones de memoria en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín; murales y campañas de recuperación del buen nombre; la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio; una intervención integral en el cementerio Las Mercedes; proyectos productivos en doce localidades antioqueñas y acciones de búsqueda de personas desaparecidas en Urabá, el Occidente de Antioquia y el área metropolitana de Medellín.
Finalmente, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad remitió el expediente de Levis de Jesús Contreras Salgado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al establecer que no cumplía los criterios de máximo responsable, mientras que la situación de Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco retornará a la Sala de Reconocimiento tras declararse la nulidad parcial de la imputación por tortura.
