Los ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) presentaron un balance sobre las acciones implementadas para restringir el uso de teléfonos celulares y líneas de comunicación al interior de los establecimientos penitenciarios del país. De acuerdo con las carteras ministeriales, la medida busca mitigar la comisión de actividades ilícitas como la extorsión coordinada desde los centros de reclusión.
Durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre, los operadores de telefonía móvil registraron incrementos en el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para llamadas no autorizadas. Las estadísticas oficiales señalan que la empresa Tigo presentó un aumento del 97,08% al pasar de 240 a 473 líneas inhabilitadas, mientras que en WOM la cifra ascendió de 50 a 93 y en Claro el registro pasó de 303 a 400 líneas bloqueadas.
Asimismo, el procedimiento incluyó la inhabilitación de equipos terminales mediante el código de identificación internacional IMEI, impidiendo que los dispositivos específicos operen en las redes móviles.
En este segmento, Tigo reportó un incremento del 18,96% al bloquear 251 equipos, Claro aumentó un 51,09% con 346 dispositivos y WOM registró un alza del 43,88% con 141 terminales inhabilitadas. Estos resultados se derivaron de los ajustes técnicos solicitados a los operadores para disminuir la potencia de señal en las zonas de influencia carcelaria.
Paralelamente, el Ministerio TIC instruyó a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control la estructuración de un protocolo de atención en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Dicha directriz contempla la creación de un grupo de atención prioritaria encargado de ejecutar verificaciones en los centros de reclusión y agilizar los tiempos de respuesta ante reportes de señales irregulares. Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) coordinarán operativos de registro y control orientados a incautar elementos prohibidos.
