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    Pensionados de fondos privados solicitan intervención estatal ante presunta reducción en sus mesadas

    Una agremiación del sector pensional envió una comunicación al Ejecutivo y al Congreso para alertar sobre la pérdida de poder adquisitivo y exigir la revisión de los montos asignados.

    Una solicitud formal fue presentada ante las altas instancias del Gobierno nacional y el poder legislativo por parte de una agremiación que agrupa a ciudadanos retirados del sistema de ahorro individual, con el propósito de exigir una revisión integral y urgente sobre la situación financiera de sus asignaciones mensuales.

    De acuerdo con la comunicación enviada a las autoridades competentes, los afiliados a las distintas administradoras del régimen privado enfrentan un escenario de pérdida en su poder adquisitivo.

    El gremio indicó que un sector importante de la población pensionada acumula varios periodos anuales consecutivos sin recibir los incrementos esperados en sus pagos, mientras que otros casos registran reducciones porcentuales estimadas entre el veinte y el cuarenta por ciento en comparación con los montos proyectados inicialmente.

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    Pensionados denunciaron una presunta disminución en su mesada – crédito Colprensa

    La organización argumenta que la normativa vigente establece que las mesadas pensionales en el territorio nacional deben someterse a reajustes anuales fundamentados en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor. No obstante, los representantes del sector sostienen que dicha disposición no se ha reflejado de manera adecuada en los pagos percibidos por los beneficiarios en los últimos tiempos, generando incertidumbre sobre la estabilidad económica de los hogares en condición de retiro.

    Ante este panorama, la petición busca que las entidades gubernamentales competentes verifiquen los cálculos aplicados por las administradoras de fondos de pensiones y promuevan mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de las normativas financieras. Los firmantes de la solicitud esperan que la administración federal y el órgano legislativo evalúen las diferencias denunciadas para establecer correctivos que protejan los recursos destinados a la subsistencia de la población de la tercera edad.

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