El ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, se pronunció públicamente para responder a los señalamientos e iniciativas de denuncia anunciadas en el Congreso de la República por el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Espriella. Cancino defendió la presunción de inocencia del mandatario y solicitó que cualquier acusación sea sustentada formalmente ante los estrados judiciales con elementos materiales verificables.
«El control político es una herramienta fundamental de nuestra democracia, pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas», manifestó el funcionario en su declaración, tras los cuestionamientos presentados en la corporación legislativa.
El pronunciamiento se produjo luego de que el senador Iván Cepeda anunciara la radicación de una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de concierto para delinquir. Durante el debate, el congresista expuso folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas y estados financieros de empresas como Dominio De la Espriella y predios rurales en el Cesar, señalando supuestos vínculos con capitales cuestionados.
Frente al material exhibido en la plenaria, Cancino cuestionó la solidez de los documentos aportados para configurar un delito. «No es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales para construir una narrativa», sostuvo el ministro encargado, añadiendo que la presentación de tales registros no sustituye las decisiones de los jueces ni el material probatorio técnico requerido en un proceso penal o disciplinario.
Asimismo, el representante del Gobierno nacional aseguró que el Ejecutivo no teme al control de los organismos de control. «Bienvenidas todas las denuncias. Presenten absolutamente todas las que se les ocurran. Eso sí, con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio», expresó Cancino, reiterando la disposición de las instituciones estatales para aportar documentos, auditorías y peritajes que permitan a las autoridades competentes evaluar el caso conforme al debido proceso.
