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    La SAE recuperó millonarios inmuebles que estaban siendo habitados por el clan Torres en Barranquilla

    La diligencia de policía administrativa se ejecutó en el sector de Vía Country para reincorporar las propiedades al inventario oficial y avanzar en su comercialización.

    La Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante las facultades otorgadas por su Dirección Territorial Caribe, lideró la recuperación de dos inmuebles que permanecían ocupados de manera irregular en el sector de Vía Country, en la ciudad de Barranquilla. Las propiedades objeto del procedimiento forman parte de procesos de extinción de dominio dirigidos contra activos vinculados al denominado clan Torres.

    El operativo judicial y administrativo se desarrolló en ejercicio de las funciones de policía administrativa de la entidad y contó con el acompañamiento institucional de la Personería Distrital de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía Distrital y efectivos de la Fuerza Pública, garantizando la seguridad y el debido proceso durante la restitución de los predios.

    Una acción conjunta de la Sociedad de Activos Especiales y la Fuerza Pública permitió recuperar el control de bienes ocupados de manera irregular – crédito SAE

    De acuerdo con lo expresado por la dirección de la Territorial Caribe de la SAE, la finalidad central de esta intervención es reincorporar ambos bienes al inventario estatal para continuar con las etapas de administración, saneamiento y posterior venta programada. Desde la institución destacaron que la recuperación permite convertir dichos predios en activos productivos capaces de generar recursos económicos para el país, al tiempo que se evita su explotación ilícita por parte de terceros.

    Con esta actuación, las autoridades nacionales reafirmaron su compromiso de seguir ejecutando procedimientos de control y recuperación de bienes bajo su custodia en el territorio nacional. La SAE confirmó que mantendrá el trabajo articulado con las entidades de control e inspección local para asegurar que las propiedades extinguidas cumplan con las funciones de beneficio público y desarrollo social estipuladas por la norma vigente.

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