La Jurisdicción Especial para la Paz convocó formalmente a seis integrantes del antiguo Secretariado de las extintas Farc para que asistan a una audiencia pública de reconocimiento de verdad. La diligencia judicial se centrará en los delitos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como en las diferentes violencias cometidas contra los menores de edad mientras permanecieron al interior de las filas de la organización armada.
La citación, programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027, involucra directamente a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. Todos ellos, en su condición de máximos responsables de la desaparecida estructura insurgente, deberán aceptar su responsabilidad frente a las víctimas, el país y los magistrados dentro del trámite correspondiente al denominado Caso 07.
La decisión, adoptada por los magistrados del tribunal de paz, puso en marcha la fase restaurativa del proceso tras examinar los pronunciamientos previos de los comparecientes y revisar las solicitudes de los afectados. El tribunal determinó que las manifestaciones realizadas por los excomandantes cumplen con las condiciones mínimas necesarias en materia de verdad y compromiso para avanzar hacia la etapa de reconocimiento público.
Atendiendo las peticiones de las víctimas y de sus representantes legales, la JEP estructuró la diligencia en sesiones diferenciadas. En un primer momento se abordarán los hechos relacionados con la vinculación forzada de menores de edad, así como los malos tratos, torturas y ejecuciones arbitrarias sucedidas dentro de la guerrilla. Posteriormente, en sesiones separadas de la misma audiencia, se examinarán los casos de violencias sexuales, abusos reproductivos y agresiones basadas en prejuicios.
Esta separación metodológica busca garantizar la protección de la dignidad, la seguridad y la salud emocional de las personas que sufrieron agresiones de género durante su infancia en las filas. Las autoridades judiciales señalaron que estas conductas requieren un acompañamiento psicológico y jurídico especial para evitar situaciones de revictimización durante el careo con los antiguos jefes militares.
Antes de realizar las diligencias públicas, la sala encargada del caso resolverá los recursos y observaciones pendientes presentados por las organizaciones de víctimas, las comunidades étnicas acreditadas y los organismos de control. Estos aportes buscan precisar el alcance de las imputaciones sin modificar la esencia de las acusaciones.
De ser avalado el reconocimiento de responsabilidad al término de todas las sesiones programadas, la JEP elaborará la resolución final de conclusiones que será remitida al Tribunal para la Paz. Dicha instancia será la encargada de determinar e imponer las sanciones restaurativas definitivas a los comparecientes, las cuales deberán incluir compromisos de reparación a los afectados y aportes concretos a la verdad histórica del conflicto.
