El Ministerio de Transporte se encuentra estudiando la posible implementación de un sistema de licencia de conducción por puntos en el territorio nacional, como parte de una propuesta de reforma al Código Nacional de Tránsito. La iniciativa contempla la asignación de un puntaje inicial a cada conductor, el cual se disminuirá de forma progresiva a medida que se acumulen infracciones viales que queden debidamente ejecutoriadas en las plataformas oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y del Simit.
De acuerdo con los planteamientos analizados por la cartera ministerial, el saldo de puntos estará vinculado directamente a la persona y no al vehículo, lo que significa que realizar cambios de automotor o renovar el documento físico no eliminará las sanciones acumuladas.
El sistema prevé que la deducción de puntos se aplique únicamente después de completarse el procedimiento administrativo y cuando exista una decisión firme sobre la infracción, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho de defensa.
El proyecto contempla que, al agotarse la totalidad del puntaje disponible, las autoridades de tránsito procedan a la suspensión temporal o a la cancelación definitiva del documento de conducción, según el número de veces que se alcance el límite cero.
Las sanciones progresivas estimadas en debates previos incluyen periodos iniciales de suspensión de nueve meses, los cuales se extenderían ante reincidencias, exigiendo además la aprobación de cursos especiales de formación vial para recuperar la habilitación. Asimismo, la normativa proyecta mecanismos de recuperación parcial mediante periodos sin infracciones o la realización de capacitaciones específicas.
La propuesta surge en un contexto institucional marcado por las estadísticas de siniestralidad vial en el país, que superan anualmente los 8.000 fallecimientos en las carreteras. Sin embargo, la medida requiere el aval del Congreso de la República y actualmente se encuentra en una etapa preliminar de conversaciones sectoriales y técnicas con gremios, autoridades locales y la ciudadanía para definir detalles como el puntaje base, la clasificación de las faltas y los procedimientos aplicables.
