En medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa buena parte del país, fue perpetrado un ataque con explosivos a través de drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, el cual dejó tres militares muertos y más de 30 personas heridas. Este hecho se suma a los perpetrados en diferentes partes de Colombia, en una oleada de violencia enfocada contra la fuerza pública.
Dicho ataque generó rechazo del Ministerio de Defensa, y también de la Defensoría del Pueblo, entidad que hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional, pues había sido emitida, en 2023, una alerta temprana sobre la cual fue emitido un informe de seguimiento el pasado mes de agosto.
«Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)», expresó la Defensoría. Asimismo, detalló que el hecho perpetrado, presuntamente por el ELN, no fue aislado, sino que corresponde a un recrudecimiento de la violencia en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, donde las confrontaciones son permanentes entre esta guerrilla, el Clan del Golfo y las disidencias al mando de ‘Calarcá’.
La Defensoría también recordó una reciente seguidilla de ataques en esta zona del país: el 29 de marzo fue atacada la estación de policía de Arenal, hecho que se repitió el 11 de julio del presente año. El 19 de agosto fue perpetrado un ataque contra la estación de Policía de Norosí con drones y ráfagas de fusil, dejando decenas de uniformados heridos y afectaciones a viviendas cercanas.
«La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y acción», añadió la entidad a cargo de Iris Marín, razón por la cual hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Santa Rosa del Sur, la Gobernación de Bolívar y la Unidad de Víctimas, y a demás autoridades nacionales, departamentales y municipales para adoptar medidas de protección en favor de las comunidades afectadas, adelantar las investigaciones correspondientes y garantizar los mecanismos de protección humanitaria que permitan un cese de hostilidades y la salvaguarda de las poblaciones que allí residen.
