En un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, las autoridades lograron la desarticulación de una estructura delictiva dedicada al almacenamiento, administración y comercialización de material audiovisual de explotación y abuso sexual infantil a través de plataformas de mensajería instantánea.
Las diligencias de registro y allanamiento se ejecutaron de manera simultánea en las ciudades de Bogotá y Villavicencio, así como en el municipio de Soacha. Durante los procedimientos judiciales, los uniformados hicieron efectivas cinco órdenes de captura e incautaron teléfonos celulares, memorias USB y diversos dispositivos de almacenamiento electrónico que eran utilizados para soportar la operación de la red.
De acuerdo con los elementos probatorios recopilados durante el proceso investigativo, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la organización criminal administró dos grupos privados denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’. A través de estos canales cerrados, a los cuales se accedía mediante pagos previos, los procesados habrían distribuido más de 600 fotografías y videos explícitos a una base superior a los 140 contactos registrados. Asimismo, las indagaciones determinaron que los involucrados recurrían a foros y espacios virtuales independientes para ofrecer y comerciar este tipo de contenidos a cambio de giros económicos.
Fiscales adscritos a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentaron a los cinco capturados ante jueces de control de garantías. El ente acusador les imputó, según el grado de responsabilidad e intervención individual, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Durante las audiencias de legalización e imputación, uno de los procesados, identificado como Milton Darwin Bohórquez Alfonso, aceptó de manera libre los cargos formulados por las autoridades. Por su parte, los cuatro implicados restantes no se allanaron a las acusaciones; sin embargo, el juez del caso determinó imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el desarrollo del proceso penal.
