Informes internos de empalme y documentación reservada de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) han sacado a la luz presuntas irregularidades de alta gravedad perpetradas durante el gobierno de Gustavo Petro. Los expedientes secretos advierten sobre la puesta en marcha de un plan orientado a realizar labores de espionaje en contra de expresidentes y exvicepresidentes de la República, además de posibles intervenciones orientadas a afectar los procesos electorales y los sistemas tecnológicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De acuerdo con los detalles contenidos en los documentos analizados, la agencia estatal habría participado en la modificación de esquemas logísticos para facilitar la asignación de automotores que presuntamente se emplearon en labores de seguimiento clandestino.
Las alertas institucionales señalan que se proyectó la instalación subrepticia de micrófonos y dispositivos de geolocalización GPS en los vehículos asignados a la protección de exmandatarios, lo que motivó recomendaciones estrictas para realizar auditorías forenses integrales a los equipos de seguridad.
Asimismo, las pesquisas han puesto la lupa sobre la operación de un inmueble en Bogotá que habría funcionado como fachada para actividades de inteligencia paralela al margen de los canales oficiales. Durante operativos previos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en dicho lugar, las autoridades hallaron dispositivos electrónicos y computadores vinculados a personas procesadas por delitos informáticos, entre ellas un hacker identificado como Carlos Oyola, señalado en las indagaciones de mantener vínculos con planes para vulnerar las plataformas electorales.
El compendio de hallazgos también pone en cuestión múltiples contratos suscritos por la entidad, los cuales incluyen la adquisición millonaria de aeronaves no tripuladas con aparentes deficiencias técnicas y sobrecostos, así como procesos de remodelación y dotación de oficinas con rubros desproporcionados. Ante la gravedad de los señalamientos, voceros del alto gobierno y diversas instancias de control han exigido el inicio formal de investigaciones disciplinarias y penales que esclarezcan el alcance de estas operaciones y garanticen la transparencia en los organismos de seguridad del Estado.
