La crudeza del reclutamiento forzado en el suroccidente colombiano quedó nuevamente en evidencia tras conocerse el caso de un menor de edad que, arriesgando su vida, logró escapar de las estructuras de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. El adolescente permaneció durante doce meses sometido a las dinámicas del conflicto armado bajo la coacción del componente conocido como la estructura Jaime Martínez, al servicio de los mandos de alias «Iván Mordisco».
A pesar de haber tomado la determinación de huir y retornar a su hogar, la pesadilla no terminó con su salida del campamento ilegal. Integrantes de la misma organización criminal rastrearon su paradero y lo persiguieron hasta su propia vivienda, ubicada en zona rural del municipio de Suárez.
En el lugar, la familia del joven —compuesta por su madre y otros dos niños— fue objeto de intimidaciones y amedrentamientos directos por parte de los armados, quienes buscaban obligarlo a reincorporarse a las filas.
Ante el inminente riesgo para la vida de los civiles, unidades tácticas del Ejército Nacional desplegaron de manera inmediata una operación de carácter humanitario. Los uniformados ingresaron al sector para neutralizar la amenaza y garantizar la extracción segura del menor y de sus familiares, trasladándolos hacia un sitio protegido bajo la custodia de los organismos institucionales competentes dedicados a la atención integral de víctimas del conflicto.
Las autoridades castrenses han reiterado su preocupación por el incremento de las presiones que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades rurales para captar menores de edad mediante engaños o coerción.
De acuerdo con balances de la Tercera División del Ejército, las operaciones orientadas a rescatar a niños y adolescentes reclutados de forma ilícita se han mantenido de manera sostenida en los departamentos del Cauca, Valle y Nariño, logrando la recuperación de decenas de menores en lo corrido del año. Mientras tanto, las instituciones judiciales avanzan en las investigaciones para judicializar a los cabecillas responsables de estos delitos de lesa humanidad.
