Una de las voces que mayor contrapeso ha hecho a la política de seguridad del Gobierno nacional ha sido la de Iris Marín. La defensora del Pueblo, en diferentes ocasiones, ha cuestionado la manera en que el presidente Abelardo de la Espriella le ha hecho frente a la violencia en el país y los límites que ha sobrepasado en hechos como pasear entre cadáveres en bolsas, y el bombardeo a campamentos de grupos armados ilegales donde también se encontraban menores de edad.
Sobre estas dos últimas constantes de la actual administración, la funcionaria aseguró en diálogo con EFE que es necesaria una política de seguridad que contemple un enfoque de derechos humanos para no repetir dinámicas del conflicto de épocas pasadas.
«Cuando la política de seguridad no respeta los derechos humanos, la fuerza pública se puede convertir en un factor de riesgo e inseguridad y nadie quiere eso», señaló la defensora a la agencia citada. De igual manera, lamentó la muerte de menores en bombardeos (hechos que ha confirmado el propio Ministerio de Defensa) ejecutados contra lugares donde se encuentran actores al margen de la ley. Para ella, este tipo de acciones es «como la foto final de nuestro fracaso como sociedad».
Vale mencionar que la entidad que tiene a su cargo ha hecho fuertes llamados y cuestionamientos a entidades del orden nacional y territorial por temas como el desmonte de obras del Museo Nacional relacionadas con procesos de paz y movimientos sociales, el uso de la fuerza en medio de la protesta social y la recientemente aprobada Ley de Sometimiento. En medio de las discusiones en el Congreso de la República, Marín solicitó al Ejecutivo y Legislativo no igualar el ejercicio de la manifestación con la delincuencia común.
Finalmente, Marín Ortiz hizo un llamado al «pluralismo democrático», a través de decisiones como las fumigaciones sobre cultivos de uso ilícito, las concesiones mineras y las normas que afeceten a los pueblos indígenas y sus territorios.
