La Fiscalía General de la Nación profirió acusación formal en contra de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas durante el proceso de suscripción de un contrato superior a los 4.950 millones de pesos. El convenio económico tenía como propósito principal poner en marcha una herramienta tecnológica orientada a la validación de identidad de los asistentes y al control de restricciones de ingreso en los estadios del país.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el proceso de contratación habría presentado omisiones críticas desde sus fases iniciales. Entre los hallazgos principales expuestos por el organismo de control figuran la ausencia de estudios de mercado rigurosos, la falta de procedimientos técnicos para determinar con precisión el valor de las actividades y la inobservancia de los parámetros normativos exigidos para este tipo de inversiones estatales.
Asimismo, el ente investigador señaló que los documentos de soporte y los actos administrativos que justificaron la contratación contenían información que no se ajustaba a la realidad jurídica y técnica. Al respecto, el organismo indicó: «También quedaron al descubierto falsedades en documentos públicos con vocación probatoria. En los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad».
A la exfuncionaria se le endilgan los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Las autoridades judiciales continuarán con las etapas del proceso penal para definir la responsabilidad de la exministra, quien mantiene su derecho a la defensa dentro de las diligencias establecidas por la ley.
