Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción.
El 23 de septiembre comenzó el cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, que incluye a los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry («Timochenko»), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que deberán cumplir con acciones restaurativas durante un periodo de casi ocho años, con fecha de finalización proyectada para marzo de 2034.
Las labores fijadas por la sentencia judicial abordan seis líneas restaurativas: desminado humanitario, infraestructura rural y urbana, medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos productivos para las víctimas. La ejecución del plan se dividió en siete fases territoriales que abarcan regiones como el noroccidente de Bogotá, el oriente de Antioquia, el oriente de Caquetá, Meta, Bolívar, Cesar, el suroccidente de Huila, Putumayo, Nariño, el nororiente de Santander, el centro y suroriente de Casanare, Vaupés y Sumapaz.
El inicio de la sanción arrancó de forma simultánea con dos proyectos. El primero, desarrollado entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026, que consiste en el apoyo operativo para la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila), bajo el liderazgo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
En este espacio intervienen de manera conjunta comparecientes del Secretariado, cuatro exintegrantes del Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP y siete máximos responsables de la Fuerza Pública procesados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en dicho departamento. El segundo frente de trabajo se desarrolla en Bogotá, enfocado en acciones de memoria histórica, reparación simbólica, sistematización de información y elaboración de dispositivos de memoria.
Cabe recordar que en el departamento del Huila existen reportes de 1.762 personas dadas por desaparecidas. En las intervenciones forenses adelantadas en el camposanto de Pitalito se han recuperado 54 cuerpos, de los cuales nueve han sido identificados y entregados a sus familias.
Para garantizar el cumplimiento de las penas, la Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la JEP supervisa a los comparecientes de forma presencial e in situ, además de emplear dispositivos electrónicos de geolocalización mediante geocercas y alertas en tiempo real. Durante la totalidad de la sanción, los sancionados están sujetos a un régimen de restricciones que contempla la prohibición de salir del país, la imposibilidad de desplazarse fuera del departamento o municipio asignado sin autorización previa, la fijación de una residencia obligatoria en la sede territorial correspondiente y el cumplimiento de jornadas con horarios estrictos de dedicación exclusiva a las tareas restaurativas.
