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    Salvatore Mancuso confirma presiones del gobierno Petro para acusar a Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella

    El exjefe paramilitar aseguró que emisarios oficiales exigieron señalamientos contra figuras políticas a cambio de beneficios en la gestoría de paz.

    El 19 de octubre, Salvatore Mancuso confirmó detalles sobre las reuniones celebradas en Valledupar, señalando que desde sectores del gobierno anterior se intentó instrumentalizar su situación y la de otros exjefes paramilitares en el marco de la denominada gestoría de paz.

    De acuerdo con las declaraciones del exjefe paramilitar, emisarios del entonces gobierno plantearon exigencias explícitas para comprometer a reconocidos líderes de la política nacional de cara a objetivos electorales. Mancuso afirmó categóricamente que las directrices buscaban implicar a figuras clave del panorama institucional y de oposición.

    “Pidieron acusar a Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella para ganar”, sostuvo Mancuso al referirse a las solicitudes planteadas por los emisarios gubernamentales durante los encuentros conocidos públicamente como el ‘Pacto de Valledupar’.

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    El excomandante de las AUC indicó que las directrices exigían a los excombatientes emitir declaraciones públicas y señalamientos directos contra el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el actual mandatario Abelardo De la Espriella. Según su versión, los emisarios insistieron en que dicha información debía hacerse pública de manera urgente.

    A pesar de las condiciones e insinuaciones vinculadas a los beneficios de la paz y la permanencia en los procesos de interlocución, Mancuso aseguró que los exjefes paramilitares rechazaron de plano las pretensiones de los funcionarios.

    «Ninguno de nosotros aceptó esa petición, nos negamos rotundamente a hacer señalamientos falsos o a prestarnos para esa estrategia política”, puntualizó el exjefe paramilitar, descartando que se hubiera concretado un pacto de esa naturaleza.

    Las revelaciones abren un nuevo debate en el escenario político y judicial sobre los límites de los procesos de paz y el uso de los comparecientes ante la justicia transicional, mientras las instancias de control evalúan los alcances de las denuncias formuladas en torno a las reuniones sostenidas en la capital del Cesar.

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