Recientemente, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, estuvo en el ojo del huracán por irregularidades en su hoja de vida a causa de una certificación laboral que emitió en una empresa, constituida por ella misma, pero dos años después de lo que indica su experiencia diligenciada y que se puede consultar en el sistema de contratación pública.
Ahora, la funcionaria fue ligada con presuntas irregularidades que datan de 2022. De acuerdo con el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, Restrepo habría recibido financiación ilegal cuando se postuló a la Cámara de Representantes en 2022, por parte del empresario Oskar Schroeder Muller, involucrado en el escándalo de Agro Ingreso Seguro cuando ejercía como jefe de la oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura. Por este hecho, en 2012 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Schroeder Muller cometió los delitos peculado por apropiación de terceros y celebración indebida de contratos, debido a una supuesta gestión en la firma de contratos por cerca de 200 mil millones de pesos. Sin embargo, un año antes había recuperado la libertad por vencimiento de términos.
Según la denuncia del congresista del Pacto Histórico, la ahora directora del ICBF recibió de Schroeder 48 millones de pesos para su campaña. «La ley colombiana prohíbe que las campañas políticas reciban donaciones de personas imputadas por delitos contra la administración pública», sostuvo Mondragón. Asimismo, recordó que el artículo 366A del Código Penal habla de sanciones contra quienes reciban dineros de personas en esa situación judicial.
En ese orden, el legislador de Valle del Cauca instauró una denuncia penal contra Restrepo y afirmó que ella está inhabilitada para ejercer el cargo designado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien recibió un llamado por parte del representante de la oposición: «Usted tiene a directora del ICBF, en la protección de los niños, a una excandidata que recibió financiación prohibida y que estaría inhabilitada para ser funcionaria».
De momento, la directora del ICBF no se ha pronunciado en sus redes sociales, donde ha sido muy activa con sus respuestas a sus detractores y también a periodistas.
