La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sentencia en contra del coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, imponiéndole una sanción alternativa de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial. La decisión se dio luego de que el compareciente aceptara su responsabilidad por 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate mientras se desempeñó como comandante del Batallón de Infantería No. 2 ‘La Popa’, entre enero de 2004 y julio de 2005.
Los hechos admitidos por Figueroa Suárez no habían sido investigados ni juzgados previamente por la justicia ordinaria. El reconocimiento de responsabilidad se produjo de forma tardía, libre y consciente, tras contar con la asesoría de su equipo de defensa en el marco de un juicio que transitó del procedimiento adversarial al esquema dialógico restaurativo. Asimismo, el compareciente participó en las audiencias de verdad y petición de perdón ante las víctimas los días 27 y 28 de agosto.
La sentencia dictada por la magistratura establece 11 obligaciones de carácter restaurativo dirigidas a la dignificación pública del buen nombre de las víctimas, el aporte de información para la localización de personas desaparecidas y la realización de actos de memoria en los territorios impactados por las ejecuciones extrajudiciales.
De manera complementaria, el fallo judicial emitió órdenes a diversas entidades estatales con el fin de avanzar en la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas y facilitar el acceso a la reparación material. La resolución también dispuso la revocación de las condecoraciones otorgadas al exoficial por resultados operacionales durante su gestión al mando de la unidad militar, así como la realización de un acto público de petición de perdón a nombre de las Fuerzas Militares.
Esta decisión corresponde a la quinta sentencia emitida por la JEP dentro de los macrocasos de investigación y se suma a las 3.618 decisiones con efectos de sentencia proferidas por este tribunal. A su vez, constituye la segunda Sanción Alternativa impuesta por esta jurisdicción tras un proceso de reconocimiento tardío por parte de un máximo responsable.
