El presidente Abelardo De la Espriella entregó el balance oficial consolidado tras el desarrollo de una ofensiva militar, policial y judicial llevada a cabo durante las primeras horas de la madrugada en Bogotá. Las acciones tácticas, orientadas a desarticular las redes delincuenciales que operan en diversas zonas de la ciudad, arrojaron como resultado la captura en flagrancia y por orden judicial de 172 personas vinculadas a distintas actividades ilícitas.
El reporte entregado por el Gobierno nacional precisó que las fuerzas combinadas ejecutaron un total de 114 diligencias de allanamiento y registro en inmuebles estratégicos identificados previamente por labores de inteligencia. Durante los procedimientos se logró la incautación de un importante arsenal bélico que incluye 11 armas de fuego, tres granadas de fragmentación, tres proveedores y 72 cartuchos de munición de diferentes calibres.
En lo relativo al combate de las economías criminales y el tráfico de sustancias ilícitas, las autoridades decomisaron 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi. Asimismo, en el transcurso de las inspecciones se incautaron 10,1 millones de pesos en efectivo, suma que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, provenía de la venta de estupefacientes y cobros extorsivos en los sectores intervenidos.
Durante el despliegue operativo también se decomisaron 34 teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje técnico por parte de los organismos de investigación criminal, una motocicleta fue incautada por irregularidades en su documentación y otro vehículo similar reportado como robado fue recuperado para ser devuelto a su propietario.
Las intervenciones contaron con la participación articulada de unidades de la Policía Nacional, efectivos del Ejército Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El reporte oficial destacó que la estrategia busca afectar de manera directa la estructura de mando, las capacidades logísticas y los flujos financieros de las agrupaciones delictivas que afectan la seguridad ciudadana en la capital del país.
