La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró la etapa de investigación correspondiente al nivel nacional del Caso 03, que indaga asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado, e identificó a diez generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su contribución a la expansión de este fenómeno entre 2005 y 2008.
De acuerdo con el auto proferido en la Fase Nacional, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, la Sala estableció judicialmente que entre enero de 2002 y diciembre de 2008 se registraron 2.702 víctimas mortales en 1.625 hechos y 44 sobrevivientes.
Del total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes ocurrieron entre 2005 y 2008, periodo que concentró el 76 % de la victimización determinada en el caso y alcanzó su mayor registro anual en 2007, con 856 muertes.

La JEP llamó a reconocer responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a siete oficiales retirados: el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz; y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco. Asimismo, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los procesos de los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y del mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández, tras evaluar sus manifestaciones previas de no reconocimiento de responsabilidad.
La investigación concluyó que entre 2005 y 2008 se consolidó una política de facto que priorizó el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional, sostenida mediante presiones de mando, sistemas de incentivos y prácticas de encubrimiento.
El tribunal identificó cuatro modalidades principales de ejecución: el asesinato de personas señaladas como colaboradoras o integrantes de grupos armados ilegales, la captación mediante engaños, el asesinato de personas heridas o fuera de combate y el aprovechamiento del control territorial, además de documentar las medidas normativas y de inspección adelantadas entre 2005 y 2008 para desmontar esa práctica.

