El presidente de esta jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, se pronunció sobre la iniciativa legislativa de Enrique Gómez y respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella.
En la tarde del jueves 17 de septiembre, el senador del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, anunció la radicación de dos proposiciones para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2027, en las cuales solicitó trasladar 100 mil millones de pesos de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— al Consejo Superior de la Judicatura «para la creación de nuevos despachos o la formalización de encargos en la planta judicial», explicó.
Dicha propuesta generó una respuesta de rechazo por parte del tribunal especial de paz, en cabeza de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli. En la mañana de este viernes alertó sobre los riesgos que implica desfinanciar esta jurisdicción, y las afectaciones que esto tendría, de aprobarse, en materia de verdad y participación de las víctimas en el proceso de búsqueda de verdad.
«La propuesta de reducción del presupuesto de funcionamiento de la JEP, radicada en la Comisión Primera del Senado de la República y apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el rubro de adquisición de bienes y servicios, lo que representa un impacto del 62 % de los recursos destinados a este concepto dentro del proyecto de ley, cuyo monto asciende hoy a $ 161.271 millones», aseguró el magistrado.
FOTO: vía X (@JEP_Colombia).
Asimismo reconoció que, si bien hay una crisis fiscal, esto no puede ser un pretexto para quitarle recursos que actualmente permiten el pleno funcionamiento del sistema que compone el pleno desarrollo de sus capacidades en Bogotá y otras regiones del país en función del cumplimiento de la garantía de las víctimas y de la seguridad jurídica de los comparecientes.
Vale mencionar que, actualmente, la JEP arrastra una desfinanciación que supera los $ 84 mil millones y, en ese sentido, el tribunal indicó que de aprobarse la iniciativa, perdería autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura, por lo que Ramelli hizo un llamado a la comunidad internacional.
«Las proposiciones de desfinanciación de la JEP y de modificación de su estructura, promovidas por los partidos de gobierno, conducen a la impunidad en materia de crímenes internacionales, desconocen manifiestamente el Acuerdo Final de Paz, vulneran los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 en materia de respeto por los derechos de las víctimas y, asimismo, violan los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», expuso el presidente de este tribunal.
Finalmente, extendió una invitación al Congreso de la República a la reflexión sobre las implicaciones que tendría un mayor recorte presupuestal a esta jurisdicción que, en reiteradas ocasiones, ha recibido el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y de la normatividad colombiana, sustentada en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, y en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016.
