La norma publicada para comentarios propone la intervención de la UNDMO aun cuando no se haya utilizado las vías de diálogo, así como un acompañamiento permanente a quienes se manifiestan de manera pacífica en las vías.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio del Interior, preparó un borrador de decreto con el cual plantean realinear los lineamientos sobre el uso de la fuerza y el papel de autoridades como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en las protestas.
La normativa, publicada para comentarios hasta el domingo 4 de octubre y conocida en su totalidad por este medio, está compuesta por 25 artículos, de los cuales uno de ellos (el 2) plantea la posibilidad de que la fuerza pública intervenga aún cuando la vía del diálogo no esté agotada en medio de las manifestaciones.
Puntualmente, precisa que cuando sean identificados «porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; o la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas; o la destrucción de infraestructura pública o privada», la Policía Nacional actuará «sin dilaciones innecesarias» bajo los principios del uso de la fuerza.
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Otro de los artículos polémicos de este decreto es el primero, el cual propone que «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».
De igual manera, el artículo 3 hace mención al concepto de «equilibrio constitucional», el cual equipara el derecho a la manifestación con otros, como el derecho a la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales. Otro apartado del decreto menciona que habrá un acompañamiento permanente a la manifestación, con una distancia mínima de cuatro metros con el fin de «garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación».
«El derecho a la protesta está en riesgo»: los cuestionamientos a este decreto
Diferentes voces se han expresado sobre esta normativa. Para la exdefensora regional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo, Lina García, esto abre «una vía rápida peligrosa para el uso de la fuerza».
«Los artículos 2 y 20 permiten omitir la facilitación y el diálogo directo si ocurren actos de violencia al inicio (puede entenderse el bloqueo de una vía o una pinta urbana un acto violento?). Esto vulnera el principio de gradualidad y pone en riesgo a la mayoría pacífica», señaló la exfuncionaria. Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, expresó que «Agotar el diálogo en la protesta social cuando la Policía vuelve a estar manchada por brutalidad y falsos positivos es una incitación criminal al desastre», a través de su cuenta en X.
FOTO: vía X (@alejoocampog)
El Ministerio del Interior aún no ha emitido pronunciamiento sobre la norma que, de acuerdo con advertencias hechas por oenegés como Temblores, ponen «en riesgo» la protesta social.
