Organismos de seguridad internacionales, en coordinación con autoridades de diferentes países, materializaron la desarticulación de una red transnacional dedicada a la trata de personas, señalada de mantener bajo condiciones de esclavitud a más de 100 ciudadanos colombianos en territorio de Camboya.
La organización delictiva operaba mediante la oferta de falsas propuestas de empleo en el exterior, atrayendo a las víctimas bajo la promesa de contraprestaciones económicas favorables.
De acuerdo con la información recopilada en el marco de las investigaciones, una vez los connacionales arribaban al Sudeste Asiático, los integrantes de la estructura criminal procedían a retenerles sus documentos de identidad y pasaportes. Posteriormente, los trasladaban a complejos residenciales y centros de operaciones clandestinos, donde eran obligados a jornadas laborales continuas bajo amenazas directas contra su integridad física.
Los reportes técnicos y testimonios obtenidos revelaron que los afectados sufrían agresiones sistemáticas, incluidas torturas físicas, intimidaciones con armas y la aplicación de descargas eléctricas como método de coacción para impedir cualquier intento de fuga o negativa a cumplir con las actividades ilícitas asignadas.
Asimismo, la red utilizaba mecanismos de extorsión financiera contra las familias de las víctimas en Colombia, exigiendo sumas elevadas de dinero en condición de supuestos pagos por concepto de transporte y manutención para permitir su liberación.
Tras las labores de inteligencia y el intercambio de información entre agencias de cooperación judicial, se llevaron a cabo las intervenciones operativas que permitieron la ubicación de los centros de retención y el rescate de los ciudadanos colombianos afectados. Las personas rescatadas fueron cobijadas por protocolos de protección consular y asistencia humanitaria para gestionar su retorno al país, mientras que los presuntos implicados en la red criminal fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a los procesos judiciales correspondientes por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir y tortura.
