La defensa de la empresa aseguró que los inmuebles afectados fueron adquiridos antes de que se fundara la compañía de ropa interior para mujeres.
El 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 inmuebles valorados en más de 184.000 millones de pesos, vinculados al conglomerado empresarial de Lili Pink (Fast Moda S.A.S.). Según el ente acusador, el patrimonio habría servido como fachada para el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito al país.
Las propiedades afectadas incluyen 28 predios urbanos y 17 rurales (entre locales, bodegas y terrenos) distribuidos en Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Lili Pink emitió un comunicado en el que hablan de persecución
A través de su defensa, liderada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, Lili Pink emitió un comunicado en el que mencionó que la imposición de medidas de extinción de dominio sobre los bienes mencionados se hizo de manera irregular, puesto que se trataría de inmuebles que no tienen relación directa con la empresa y aseguran que fueron adquiridos antes de que la compañía fuera fundada.
La defensa aseguró que esta situación afecta el patrimonio de los afectados y que consideran que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia.
«La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales», es parte del documento.
Por último, se mencionó que están a la espera de conocer resultados sobre las denuncias que han hecho sobre la presunta comercialización de tres millones de prendas que fueron decomisadas a la empresa durante los primeros operativos del proceso.
