Las autoridades avanzan en la recolección de elementos probatorios para esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio de Miguel Armando Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. El hecho se registró hacia las 6:00 p. m. del pasado 26 de octubre, en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre el anillo vial occidental, a las afueras de la capital del departamento de Norte de Santander.
De acuerdo con los reportes iniciales recabados en el lugar de los hechos, el exfuncionario se desplazaba desde una zona rural hacia su lugar de residencia en compañía de su hijo. Las versiones preliminares señalan que el automotor en el que viajaban habría sufrido un impacto o golpe por parte de terceros. Tras el choque, Castellanos descendió del vehículo, momento en el cual fue abordado e impactado con arma de fuego por sujetos desconocidos.
Frente al acontecimiento, la Gobernación de Norte de Santander encabezó un consejo de seguridad extraordinario e informó la asignación de una recompensa de hasta 100 millones de pesos para los ciudadanos que aporten información veraz que permita la identificación y captura de los autores del crimen.
Las líneas de indagación dispuestas por la Fiscalía General de la Nación y los cuerpos de inteligencia evalúan diferentes posibilidades, orientadas a determinar si el ataque respondió a una discusión imprevista generada por el percance automovilístico o a una acción planificada de manera previa.
Respecto a las condiciones de seguridad de la víctima, las autoridades confirmaron que Castellanos contaba con un esquema de protección oficial asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en el instante de los hechos se encontraba sin la presencia de sus escoltas debido a un desplazamiento aéreo de urgencia motivado por el estado de salud de un familiar, situación que derivó en que su equipo de seguridad realizara el trayecto de traslado por vía terrestre.
Ante el impacto nacional generado por el homicidio del exsecretario de Gobierno, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronunció públicamente sobre el caso y sostuvo: «En Colombia no habrá espacio para la impunidad». Las instituciones policiales y el ente fiscalizador continúan con la revisión de las cámaras de seguridad del sector y las entrevistas a testigos para establecer el móvil y la autoría de la agresión armada.
