Un juez penal de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro integrantes de la Policía Nacional.
Los procesados son el mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, quienes son investigados por su presunta participación en el fallecimiento de Donovan Balanta Paz, de 34 años de edad.
La investigación, llevada a cabo por fiscales de la Seccional Cundinamarca junto con la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos bajo un enfoque diferencial étnico-racial, se centra en los sucesos ocurridos el pasado 20 de septiembre. Los hechos comenzaron durante un procedimiento policial motivado por un altercado entre vecinos en el barrio Caracolí, ubicado en el sur de Bogotá, y continuaron con el posterior traslado de la víctima a la estación de policía de Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
De acuerdo con el reporte del organismo de control, los uniformados acudieron inicialmente a atender la disputa comunitaria. En ese sitio, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los funcionarios, razón por la cual fue inmovilizado. Durante la aprehensión, la víctima habría sido objeto de golpes con puños y patadas, además de recibir múltiples descargas con un dispositivo de control eléctrico tipo táser.
Posteriormente, el detenido fue conducido a las instalaciones de la estación de policía de Cazucá, donde habría permanecido semidesnudo y con las manos esposadas. Según la reconstrucción de las autoridades, en dicho lugar continuaron los maltratos físicos y se infligieron tres descargas eléctricas adicionales.
A pesar de que el hombre manifestaba dificultades respiratorias y requería atención médica, la remisión a un centro de salud sufrió demoras. Un tercero que se encontraba privado de la libertad en el mismo recinto alertó sobre el estado crítico del retenido; sin embargo, transcurrieron cerca de 20 minutos antes de su traslado a un centro asistencial, lugar al que ingresó con pulso débil y sin respiración, falleciendo horas más tarde.
Los exámenes forenses practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyeron que el deceso estuvo vinculado a una arritmia cardíaca ocasionada por las descargas de energía recibidas.
En el expediente presentado ante el juzgado se detalla que el patrullero Giraldo Torres habría accionado el dispositivo eléctrico tanto en la vía pública como en el centro policial. Adicionalmente, el patrullero Vargas Romero y el subintendente Tapiero Tique estarían relacionados con las agresiones físicas directas mediante patadas y bofetadas. Por su parte, el mayor Correa Yánez es investigado por permitir presuntamente los ataques dentro de la sede policial y por no ordenar el traslado médico inmediato del afectado.
El ente investigador imputó a los cuatro funcionarios los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas en calidad de agravadas. De igual forma, a Giraldo Torres y Correa Yánez se les vinculó por el delito de falsedad ideológica en documento público, al corroborarse que plasmaron irregularidades en las minutas y libros de registro institucional al consignar de forma contraria a la realidad que «la persona aprehendida recibió buen trato y sus derechos fueron respetados durante el procedimiento». Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados.
