El trámite de aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027 enfrenta cuestionamientos jurídicos debido a la identificación de un presunto vicio de procedimiento en el Congreso de la República, derivado de diferencias en los textos aprobados por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con los antecedentes del proceso legislativo, durante la votación del articulado se incluyó una proposición adicional relacionada con la estabilización del precio de los combustibles en la plenaria de la Cámara de Representantes, iniciativa que no fue considerada ni votada bajo los mismos términos dentro del Senado de la República.
La falta de concordancia entre los textos definitivos de ambas corporaciones exigía la conformación de una comisión de conciliación para unificar la normativa antes de cumplirse el plazo límite establecido por la Constitución y la ley para la aprobación presupuestal.
Al no llevarse a cabo el proceso de conciliación requerido para dirimir las divergencias textuales, fuentes del legislativo señalaron que el procedimiento no habría cumplido con la totalidad de las etapas exigidas por la normatividad orgánica del Congreso. Ante esta situación, analistas jurídicos e institucionales evalúan si el defecto procesal afecta la totalidad del proyecto económico o si recae específicamente sobre las disposiciones que presentaron modificaciones discordantes durante los debates plenarios.
Frente a la superación de los plazos establecidos para la votación en el legislativo, los escenarios normativos contemplan que el Ejecutivo cuenta con facultades legales para expedir el presupuesto mediante decreto, tomando como base la iniciativa fiscal aprobada inicialmente en las comisiones económicas conjuntas. Las secretarías de ambas cámaras adelantan la revisión formal de las gacetas y actas de votación para certificar el estado definitivo del articulado y definir los pasos a seguir entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República.
