La excongresista fue notificada de que no podrá ingresar a Estados Unidos por su aparición en procesos de corrupción en el país.
La senadora Martha Peralta denunció haber recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares, pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos revocara su visa de ingreso a ese país.
La congresista hizo pública la denuncia mediante un video difundido en redes sociales, en el que afirmó que recibió una llamada intimidatoria en la que también fueron mencionados sus hijos. Según relató, informó sobre el hecho a las autoridades colombianas y decidió hacer pública la situación.
El caso se conoció después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara el 28 de septiembre la revocatoria de las visas de Peralta, del empresario Euclides Torres y de sus respectivos familiares. La decisión fue comunicada dentro de una serie de medidas de restricción de visas adoptadas por la administración estadounidense.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, la política contempla restricciones contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos en casos relacionados con actividades que, según las autoridades estadounidenses, afectan a gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico. El anuncio no detalló circunstancias particulares relacionadas con la situación de Peralta.

La senadora señaló posteriormente que no había recibido una comunicación oficial de Estados Unidos en la que se le explicaran de manera individual las razones de la cancelación de su visa. También manifestó que solicitaría información formal ante las autoridades colombianas y estadounidenses sobre la decisión.
Tras conocerse la revocatoria, Peralta vinculó públicamente la situación con mensajes y señalamientos que, según afirmó, ha recibido durante las últimas semanas. En su denuncia sobre las amenazas, mencionó además mensajes que calificó como racistas.
La congresista afirmó que teme por su seguridad y la de sus familiares. También indicó que continuará adelantando las acciones institucionales relacionadas con la decisión estadounidense y con la denuncia presentada ante las autoridades colombianas.


