Mediante dos peticiones formales, el testigo colaborador alertó sobre afectaciones a su seguridad personal y a la continuidad de los procesos de cooperación judicial.
El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla Álvarez, radicó dos solicitudes formales ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para frenar la orden de traslado a la cárcel La Picota y pedir explicaciones sobre cambios en la estructura de los fiscales a cargo de las investigaciones por corrupción.
En el primer documento, dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, Pinilla solicitó una intervención institucional urgente frente a la Resolución 008041 expedida el 6 de octubre de 2026 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Según el escrito, dicha orden dispone su traslado desde el centro de reclusión militar en el Cantón de Artillería (CPAMS EJART) hacia el pabellón de alta seguridad de La Picota. Pinilla sostuvo que la medida contraviene la sentencia dictada en abril de 2025 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el oficio remitido el 16 de septiembre de 2026 por la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema, despachos que ordenaron mantener su reclusión en la sede militar debido a los riesgos para su integridad física derivados de su condición de testigo colaborador.
En el texto, Pinilla destacó que su compromiso de cooperación con la justicia incluye declaraciones en procesos penales, preacuerdos y principios de oportunidad que vinculan a 23 personas, entre ellas exfuncionarios y congresistas. Asimismo, advirtió que el traslado vulnera el debido proceso administrativo y el derecho a la seguridad personal.
Por otra parte, la segunda petición, elevada ante la Coordinación de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, exige aclaraciones por la reasignación de expedientes que adelantaba la Fiscalía Novena Delegada a un fiscal seccional. En el requerimiento, el procesado cuestionó los criterios técnicos y los estudios de carga laboral aplicados para realizar dicha modificación, señalando que la sustitución del fiscal asignado genera incertidumbre sobre el ritmo de las actuaciones judiciales en el marco del escándalo de la UNGRD
