La Fiscalía General de la Nación y diversos organismos de control iniciaron indagaciones tras las denuncias públicas realizadas por la ciudadana Deicy Jiménez en contra del expresidente Gustavo Petro. En sus declaraciones, Jiménez señaló haber obtenido contratos públicos mediante presuntos encuentros personales y favores íntimos ocurridos durante la anterior administración nacional.
Ante estos señalamientos, la revisión de los archivos contractuales públicos constató que la mujer, de 29 años, suscribió un total de diez contratos con diferentes entidades estatales entre 2021 y 2026. Entre ellos figuran cinco compromisos laborales formalizados durante el cuatrienio anterior que sumaron 100 millones de pesos.
Además de otros vínculos previos y un contrato vigente con el Ministerio del Interior por más de 30 millones de pesos destinado al apoyo en la consolidación de informes del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Tras la divulgación de los testimonios, el exmandatario Gustavo Petro emitió un comunicado oficial en el que rechazó tajantemente las acusaciones en su contra. En el texto, el exjefe de Estado manifestó que «vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante», negando de manera categórica haber utilizado el poder público o los recursos del Estado para obtener contraprestaciones de carácter sexual o para someter a ninguna persona. Asimismo, sostuvo que en sus relaciones personales y públicas ha regido el principio de la libertad y la transparencia.
Como respuesta a las afirmaciones difundidas, el equipo jurídico del exgobernante, encabezado por el abogado Alejandro Carranza, anunció la interposición de acciones legales por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Por su parte, la controversia generó múltiples reacciones en el ámbito político nacional. Integrantes del Pacto Histórico y allegados al exmandatario salieron en su defensa pública, cuestionando las intenciones detrás de la divulgación, mientras que organizaciones como el Instituto Anticorrupción solicitaron formalmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía profundizar en las pesquisas para esclarecer el origen y la legalidad de los vínculos contractuales cuestionados.
