El magistrado Alejandro Ramelli advirtió que las iniciativas legislativas de ajuste presupuestal afectan el funcionamiento de la entidad y la atención a las víctimas del conflicto.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, se pronunció públicamente respecto a los proyectos e iniciativas parlamentarias que plantean modificaciones y reducciones al presupuesto asignado a ese tribunal de justicia transicional. En su declaración, el magistrado rechazó las propuestas legislativas de ajuste fiscal y afirmó que la corporación mantendrá su independencia y autonomía operativa frente a las demás ramas del poder público.
El pronunciamiento del titular de la JEP surge en el marco de las discusiones sobre la distribución de los recursos públicos para el próximo año presupuestal, donde se ha planteado la reasignación de partidas financieras desde la jurisdicción especial hacia el Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la rama judicial ordinaria.
Frente a este escenario, Ramelli sostuvo que una reducción en los montos solicitados pondría en riesgo la operatividad del organismo, afectando las garantías de participación de más de 300.000 víctimas acreditadas, los esquemas de protección a testigos y los desplazamientos a los territorios.
El magistrado enfatizó que, si bien el tribunal está dispuesto a brindar explicaciones técnicas e institucionales sobre el uso de los fondos y los avances judiciales, no aceptará presiones o subordinaciones frente al Poder Ejecutivo o al Congreso de la República. Asimismo, indicó que el funcionamiento del órgano judicial responde a mandatos constitucionales e internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
La discusión presupuestal continúa en las comisiones del Congreso de la República, donde distintos sectores políticos evalúan la viabilidad de los ajustes fiscales mientras la JEP defiende el monto requerido para mantener sus sedes y el desarrollo de sus macrocasos.
