La propuesta que será discutida en el Consejo de Bogotá ha generado opiniones divididas en la ciudadanía.
El debate sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad ciudadana en Bogotá ha puesto sobre la mesa el alcance legal y las competencias operativas que tienen los miembros del Ejército Nacional al intervenir en entornos urbanos.
Según lo reportado por La FM, la presencia militar en la capital responde a una estrategia de acompañamiento a la Policía Nacional para disuadir la comisión de delitos de alto impacto y desarticular estructuras de crimen organizado en puntos críticos de la ciudad.
El marco normativo colombiano establece que la responsabilidad primaria de la seguridad y el orden público en las zonas urbanas recae sobre la Policía Nacional. No obstante, las Fuerzas Armadas están facultadas para prestar apoyo complementario mediante patrullajes conjuntos, control de vías de acceso, presencia institucional en áreas periféricas y aseguramiento de infraestructura crítica o zonas estratégicas previamente delimitadas por las autoridades distritales y nacionales.
En cuanto a las facultades frente a la delincuencia, los uniformados del Ejército pueden realizar capturas en flagrancia, las cuales deben ser puestas de manera inmediata a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para la legalización del procedimiento.
Cabe resaltar que los militares no cuentan con atribuciones para adelantar labores de investigación judicial, interrogar ciudadanos, realizar registros a viviendas sin orden judicial o ejercer funciones permanentes de policía judicial, salvo las excepciones estrictamente estipuladas por la ley en operaciones especiales coordinadas.
El protocolo operativo exige que todas las actuaciones de los militares en tareas de seguridad urbana respeten de forma rigurosa los derechos humanos y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La articulación entre las distintas Fuerzas Armadas y los organismos de control busca fijar límites claros para que el respaldo militar fortalezca la capacidad operativa de la Policía sin desdibujar las funciones constitucionales asignadas a cada institución en la protección de la ciudadanía.
