No habrá procesos de paz en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Ese es el gran mensaje que dejó la aprobación del proyecto de ley de sometimiento, presentado por la actual administración a través de los ministerios de Interior y de Justicia.
Ahora, ambas carteras a cargo de Iván Cancino (en encargo y en propiedad, respectivamente), sacaron adelante esta iniciativa que, según congresistas del oficialismo, le pone fin a la política de ‘paz total’ del cuatrenio anterior.
El articulado, que tenía el 4 de noviembre como fecha límite de aprobación en el Legislativo, fue discutido desde la mañana del martes 3 en Senado, pero también en Cámara bajo la ‘estrategia espejo’ ya usada para la discusión del Presupuesto General de la Nación y que costó un error que derivó en la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la iniciativa cursó en el Senado sin mayores contratiempos para el Ejecutivo, hecho que resaltó el ministro Cancino. En Cámara, el trámite no tuvo mayor inconveniente, salvo el registro, por parte de la Comisión de Ética, de 60 recusaciones. Daniel Briceño, coordinador ponente del proyecto de ley, celebró su aprobación y afirmó que con esto «se acaban las mesas de negociación, se acaban los gestores de paz, no serán suspendidas las órdenes de extradición, y muy importante: habrá protección para los niños en Colombia».
El jefe de la cartera de la Justicia y el Derecho también celebró la aprobación del articulado y señaló los puntos fundamentales de la iniciativa que, ahora, pasará a sanción presidencial por parte de De la Espriella.
«Este proyecto de ley exige el cumplimiento de todos los requisitos o si no, salen expulsados de manera inmediata hacia la justicia ordinaria. No hay suspensión de orden de captura, no hay suspensión de órdenes de extradición, no hay un proceso de negociación (…) Por eso se llama un proceso de sometimiento y es una ley de orden público. Para cualquier cosa que quieran, las personas que se van a someter a esta ley tienen que cumplir. Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja o de condiciones para la libertad condicional», sostuvo Cancino.
Por su parte, senadores de la bancada de oposición, como Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, cuestionaron esta iniciativa que, según indicó, ofrece beneficios a reclutadores de menores de edad.
«El gobierno de Abelardo de la Espriella, en su extrema incoherencia que hemos denunciado aquí en múltiples oportunidades, propone a través del artículo 16, quitarle las penas a los reclutadores, al mismo tiempo que desatiende la Ley 2590 de 2026», aseguró la congresista en plenaria.
