La Sala de Reconocimiento les atribuyó responsabilidad por hechos cometidos entre 1996 y 2016 en la Amazonía y la Orinoquía.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra pueblos y territorios indígenas entre 1996 y 2016. La decisión se tomó dentro del subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09.
La investigación determinó que los hechos afectaron de forma directa a las comunidades Nükak Baká, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw, así como a sus territorios ancestrales. A los imputados se les atribuyen delitos de exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, junto con homicidios, desplazamientos forzados, empleo de minas antipersonal y daños al medio ambiente natural.
La JEP agrupó las 96 conductas atribuidas en dos patrones macrocriminales: delitos contra la autodeterminación, autonomía y gobierno propio mediante el control social y territorial, y crímenes cometidos en el marco de las hostilidades. El análisis acreditó 1.134 victimizaciones registradas contra estas comunidades en la región.
Entre los diez comparecientes imputados figuran los exintegrantes del Secretariado Milton de Jesús Toncel Arredondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra Rodríguez (‘El Médico’) y Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), vinculados como exmiembros de los estados mayores de los bloques Sur y Oriental. La lista incluye a Elmer Caviedes, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Luis Enrique Montes, Gustavo Cuéllar Pajoy y Liberman Imbachi Chilito. La Sala los señaló como coautores mediatos por aparatos organizados de poder y por responsabilidad de mando.
Con la expedición del auto, los imputados, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público cuentan con un término de 30 días hábiles para pronunciarse, aportar pruebas o decidir sobre el reconocimiento de responsabilidad. De ser aceptados los cargos, la Sala podrá convocar a audiencia pública y remitir el expediente al Tribunal para la Paz; de lo contrario, el proceso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación.
