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    La JEP citó a 18 exuniformados por crímenes en alianza con estructuras paramilitares

    La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó un universo provisional de 565 casos con 755 víctimas directas

    La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública —16 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional— por violencias basadas en género cometidas contra la población civil, y los llamó a reconocer responsabilidad. La decisión fue emitida de manera conjunta entre el Subcaso 2 del Macrocaso 11 y el Caso 08, bajo la relatoría del magistrado Óscar Parra Vera, enfocándose en territorios no priorizados previamente por otros macrocasos.

    En el marco de la investigación de alcance nacional, la magistratura consolidó un universo provisional de 565 casos registrados entre 1978 y 2016, los cuales dejaron 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

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    De este total, 35 hechos fueron ejecutados directamente por estructuras paramilitares en medio de masacres que contaron con la tolerancia, aquiescencia o colaboración de agentes estatales. La resolución se fundamentó en el análisis de 217 informes de organizaciones sociales y entidades públicas, los testimonios de 738 víctimas acreditadas, seis diligencias de contrastación con 235 participantes, 74 versiones voluntarias y las observaciones de 75 víctimas en audiencia oral.

    La magistratura llamó a comparecer a oficiales y suboficiales en retiro, incluyendo un brigadier general, por conductas de esclavitud sexual, tortura, persecución y desaparición forzada.

    La JEP imputó delitos de asesinato, homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación, persecución por motivos de género y políticos, desplazamiento forzado, tratos crueles y otros actos inhumanos. Del grupo de comparecientes llamados a responder, cuatro —un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía— fueron imputados como autores por omisión. Otros 13 uniformados en retiro —dos coroneles, tres tenientes coronel, cuatro mayores, dos tenientes y un soldado del Ejército, junto a un mayor de la Policía— fueron vinculados en calidad de coautores por facilitar alianzas con grupos paramilitares o participar en operativos donde ocurrieron estas conductas, mientras que un sargento segundo del Ejército fue llamado como autor y coautor.

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    La sala estableció dos patrones de macrocriminalidad. El primero corresponde a ataques contra civiles bajo justificaciones contrainsurgentes, ejecutados directamente o en conjunto con grupos paramilitares, divididos en tres modalidades: incursiones y masacres bajo el estigma insurgente; operativos individualizados de persecución y castigo; y agresiones dirigidas contra liderazgos sociales y organizaciones como la Organización Femenina Popular y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC). El segundo patrón abarca el uso de violencias de género como mecanismo de apropiación, castigo o disciplinamiento derivado del dominio territorial, facilitado por la falta de políticas institucionales de prevención y la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera.

    Dentro de los hechos ilustrativos esclarecidos por la jurisdicción se encuentran las incursiones paramilitares en Tibú y La Gabarra (Norte de Santander) en 1999 —donde solo en Tibú se documentaron al menos 208 asesinatos, 158 desapariciones, más de 50 casos de violencia sexual y más de dos mil desplazados—, la incursión de Los Masetos en Lengupá (Boyacá) entre 1991 y 1992, las masacres de La Cabuya en Tame (Arauca) en 1998 y de Chiscas (Boyacá) en 2003, el operativo de La Gallera en Puerto Asís (Putumayo) en 2006, agresiones en San Juan de Arama y Puerto Gaitán (Meta), violencia contra hombres en la ribera del río Magdalena y ataques contra personas con identidades de género diversas en los Montes de María.

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