La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la entrega de certificados de asignación de bóvedas a perpetuidad para los restos de seis jóvenes originarios de Soacha, que fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La medida se inscribió en el marco de las acciones de contribución a la restauración de los daños del conflicto armado dentro del Subcaso Norte de Santander, correspondiente al Caso 03.
La gestión fue liderada por el despacho de la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, la Unidad para las Víctimas (UARIV), el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Durante el acto institucional realizado el 16 de octubre de 2026 en Bogotá, la UAESP entregó oficialmente la documentación a los familiares acreditados.
Los seis jóvenes a cuyos familiares se les asignó la solución de sepultura permanente son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez. Estas personas fueron engañadas en Soacha y trasladadas al departamento de Norte de Santander, donde se produjeron sus decesos a manos de integrantes de la Fuerza Pública.
El procedimiento interinstitucional incluyó la condonación y pago de obligaciones financieras pendientes acumuladas en cementerios públicos y privados, las cuales representaban un cobro periódico para las familias de los jóvenes. Asimismo, se coordinaron los aspectos logísticos y técnicos necesarios para llevar a cabo los traslados bajo criterios de dignificación y atención psicosocial.
Durante el desarrollo de la jornada institucional intervino la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, quien expuso que la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y el esclarecimiento de los hechos representan un imperativo para el sistema judicial transicional. Igualmente, la consejera de Paz de Bogotá, Isabelita Mercado, señaló que las demoras administrativas y las cargas financieras posteriores a la comisión de los delitos acentúan las afectaciones sobre los núcleos familiares.
Por su parte, madres de las víctimas, entre ellas Blanca Nubia Monroy, Gloria Astrid Peláez Martínez y Flor Hilda Hernández, brindaron sus testimonios durante la entrega de los certificados, manifestando la importancia de la localización e identificación de los restos de sus hijos e instando a que los mecanismos institucionales continúen para otros expedientes en trámite.
La JEP confirmó que el proceso técnico y legal se mantiene activo para que las familias de Jaime Castillo Peña, Diego Armando Marín y Yonny Duvián Soto Muñoz puedan acceder a medidas similares de adjudicación de lugares dignos de sepultura a perpetuidad.
