El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Danilo Rojas, anunció la aplicación de un plan de austeridad institucional debido al recorte presupuestal asignado a la entidad. Las decisiones aprobadas por el órgano de gobierno contemplan la disminución del 85% en las órdenes de prestación de servicios, la entrega de las instalaciones físicas principales y la reorganización de los esquemas de protección asignados a funcionarios, víctimas y comparecientes.
El ajuste administrativo proyecta un ahorro aproximado de 83.000 millones de pesos en materia de contratación externa. Paralelamente, la entidad notificó que en marzo de 2027 dejará el edificio que ocupa actualmente para trasladarse a un inmueble de 4.200 metros cuadrados, lo que significará una reducción del espacio físico de más del 70 % y una disminución de gastos cercana a 26.000 millones de pesos anuales.
Frente al cambio de sede, la administración judicial determinó la adopción del trabajo virtual como directriz general y la implementación de estaciones rotativas para el personal. Sobre los ajustes en las dinámicas laborales, el magistrado Danilo Rojas sostuvo: «Pasaremos de una ocupación de 15.000 metros cuadrados a una de 4.200 metros cuadrados, con una reducción de costos de aproximadamente 26.000 millones de pesos anuales. Esto nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y a estructurar un modelo de trabajo rotativo».
En materia de seguridad, el plan contempla una reducción en los esquemas de protección que generará un ahorro estimado en 37.000 millones de pesos. La medida afectará los esquemas asignados a magistrados y fiscales, mientras que los esquemas de la Secretaría Ejecutiva serán eliminados. Respecto a las garantías para los intervinientes en las actuaciones judiciales, el presidente del tribunal manifestó: «La JEP hará hasta lo imposible para que los rubros que facilitan a las víctimas y a los comparecientes su participación procesal no se vean alterados». Para sostener la atención en las regiones, la entidad solicitará el apoyo de alcaldías, gobernaciones, la Defensoría del Pueblo y universidades.
