Durante el lunes 9 de noviembre la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figura construida y consolidada en el gobierno Petro que tiene como fines, de acuerdo con la administración anterior, salvaguardar los suelos más fértiles de diferentes regiones del país para producir alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria.
Dicho mecanismo fue derogado por el gobierno de Abelardo de la Espriella en una premisa sostenida desde la campaña del ahora presidente de la República, y ejecutada por el Ministerio de Agricultura a cargo de Indalecio Dangond. Vale mencionar que bajo la actual administración han sido derogadas las resoluciones que constituían las APPA de zonas como el sur de La Guajira, el suroeste antioqueño, Cundinamarca y Tolima.
La medida de la Corte Constitucional es un golpe para el actual gobierno, pues la decisión de tumbar este mecanismo fue impulsada también desde el Congreso de la República por legisladores como Daniel Briceño, quienes aseguraban que configuraba una afectación a «la propiedad privada en Colombia» debido a una «violentación de la autonomía territorial».
«Las decisiones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre estas áreas deberán estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, especialmente con los concejos municipales y distritales», indicó el alto tribunal. Asimismo, indicó que las declaraciones y modificaciones sobre las APPA deben tener en cuenta los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las particularidades de municipios y distritos involucrados.
La Corte también fue enfática al señalar que la competencia del Ministerio de Agricultura se limita a «delimitar las áreas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esta finalidad». En ese orden, la cartera del agro no podrá reglamentar de manera detallada los usos rurales del suelo, pues esto le corresponde a los concejos municipales y distritales como parte del ejercicio de su autonomía territorial.
Esta decisión de la Sala Plena fue celebrada por congresistas de la oposición, como Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. De igual manera, la exministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y quien había dejado declarada la APPA del sur de La Guajira, expresó que «proteger la comida y suelos rurales una prioridad».
De momento, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre la sentencia C-364 de 2026 de la Corte, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo.
