El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó qué contendrá esta medida para desmantelar, por vía jurídica, estructuras armadas centradas en actividades como el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien en reiteradas ocasiones el presidente Abelardo de la Espriella ha reiterado su postura de mano dura y de no dialogar ni negociar con estructuras armadas ilegales, el mismo Gobierno nacional hace intentos por sacar adelante una deuda que viene desde la administración anterior: la Ley de sometimiento.
Con modificaciones respecto de lo planteado por los ministros de Justicia del gobierno Petro, el jefe actual de esta cartera, Iván Cancino, dio luces de lo que será el proyecto a presentar en el Congreso de la República. En primer lugar, reafirmó que el Gobierno nacional tendrá la tarea de «perseguir a las organizaciones ilegales», y que en ese sentido no existirá la opción de negociar.
«Vamos a dar las herramientas para el sometimiento, no para las negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones. Toda discusión, para quien se quiera someter, será jurídica y esta semana, a más tardar la otra, el país conocerá la Ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella», explicó Cancino.
En ese sentido, resaltó que la iniciativa, así como la actual administración, es respetuosa de la Constitución y los tratados internacionales, pero que quien no decida someterse será «perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la Ley».
Justamente, el reconocimiento del carácter político respecto de la iniciativa que iba a presentar el gobierno anterior es la principal diferencia respecto de la propuesta que presentará la actual administración. Incluso, esta podría similar a la ley de Justicia y Paz 975 de 2005, mecanismo que nació para ofrecer una alternativa de penas para exjefes paramilitares y de grupos guerrilleros que decidieran abandonar las armas y desmovilizarse.
