Con un llamado a la austeridad, el Gobierno busca eliminar lo que considera excesos en la protección estatal para priorizar a los ciudadanos con nivel de amenaza comprobado.
El Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella anunció un plan de reestructuración en la Unidad Nacional de Protección (UNP), orientado a optimizar el gasto público y frenar lo que califica como un uso indebido de las medidas de seguridad del Estado.
La iniciativa busca revisar detalladamente la asignación de esquemas de protección para garantizar que los recursos se destinen únicamente a personas con un nivel de riesgo debidamente verificado.
Según reveló el medio Semana, desde la administración gubernamental se hizo un enfático llamado a la austeridad y al rigor técnico en la evaluación de los beneficiarios de la entidad. El Ejecutivo enfatizó que el Estado no continuará financiando esquemas suntuosos o desproporcionados que no respondan a amenazas reales demostradas en los análisis técnicos.
Bajo la consigna «el que quiera farandulear que pague por eso», las autoridades manifestaron que no se tolerará la utilización de camionetas, escoltas ni viáticos institucionales como un privilegio de estatus.
La revisión estratégica del organismo contempla una auditoría a los esquemas actualmente vigentes, así como la implementación de controles más estrictos sobre la flota de vehículos, los contratos de arrendamiento y la asignación de personal de escolta. De igual forma, el plan prevé reorientar la capacidad operativa y financiera de la UNP para proteger prioritariamente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos que afronten situaciones de vulnerabilidad confirmada.
Esta decisión se enmarca en la política general de austeridad e inspección presupuestal impulsada por el Gobierno de De La Espriella, la cual abarca diversas entidades del orden nacional. De acuerdo con el reporte periodístico, el Ejecutivo alista los decretos y resoluciones requeridos para materializar los ajustes normativos en el funcionamiento de la UNP, asegurando que la protección institucional mantenga su naturaleza constitucional de salvaguardar la vida y la integridad de quienes realmente lo necesiten.
