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    Generales retirados del Ejército rechazaron que la JEP los responsabilice de los «Falsos Positivos»

    La JEP cerró la fase nacional de investigación del Caso 03 tras siete años y llamó a reconocer responsabilidad a siete oficiales retirados

    La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró la etapa de investigación sobre las responsabilidades del nivel nacional en la fase correspondiente del Caso 03, tras siete años de indagación sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública, y determinó que altos mandos militares en retiro contribuyeron a la expansión de este patrón entre 2005 y 2008.

    De acuerdo con la decisión, siete oficiales retirados fueron llamados a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad: el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz; y el brigadier general José Joaquín Cortés Franco. En paralelo, la JEP identificó como máximos responsables a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández, pero remitió sus expedientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para un proceso adversarial, luego de que manifestaran que no reconocerían responsabilidad por los hechos atribuidos.

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    El auto establece 2.702 víctimas mortales entre 2002 y 2008, con el 76 % de la victimización concentrada en el periodo de 2005 a 2008.

    En su balance, la Sala estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fueron asesinadas 2.702 personas para ser presentadas falsamente como bajas en combate en 1.625 hechos, con 44 sobrevivientes; de ese total, 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes corresponden al periodo de 2005 a 2008, siendo 2007 el año con mayor número de víctimas, con 856 personas asesinadas.

    La investigación señaló que estas conductas no obedecieron a una sola estructura criminal centralizada, sino a distintas dinámicas delictivas replicadas en diferentes regiones con aportes desde niveles superiores de la estructura militar. Entre los factores asociados a su expansión, la JEP destacó una política de facto que priorizó el número de bajas en combate como indicador de éxito operacional, respaldada por presiones a las unidades, clasificaciones entre comandos e incentivos como felicitaciones, condecoraciones y permisos, además de identificar cuatro modalidades de ejecución: señalamiento como integrantes o colaboradores de grupos armados ilegales, captación mediante falsas ofertas de trabajo, asesinato de personas heridas o indefensas y aprovechamiento del control territorial.

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