Se conoció el documento con el que el ente acusador confirmó que los involucrados en el caso de corrupción de la Ungrd estaban colaborando con la justicia.
Sigue la polémica por el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel de La Picota, en Bogotá, en donde están recluidos otros involucrados en el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd.
Los abogados de Pinilla y López han pedido que se reconsidere esta decisión al considerar que sus clientes están en riesgo constante; sin embargo, la postura del Gobierno nacional es firme y el presidente, Abelardo De la Espriella, afirmó que se acabaron los beneficios para los presos políticos del país.
La tensión ha aumentado luego de que se conoció un documento firmado el 16 de septiembre de 2026 en el que la Fiscalía pidió información al Inpec sobre la situación actual de Pinilla y López, confirmó que estaban colaborando con la justicia y solicitó que no fueran cambiados de prisión.
En resumen, en ese momento la fiscal María Cristina Patiño González solicitó a la Dirección de Centros de Reclusión Militar no trasladar de sus lugares de detención a Sneyder Pinilla y Olmedo López. Ambos procesados avanzan en acuerdos de principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, comprometiéndose a declarar contra 23 personas en juzgados y ante la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria argumentó que el mantenimiento de su reclusión castrense fue dispuesto por un juez para mitigar los altos riesgos contra su integridad física, situación que se torna más crítica por su condición de testigo de cargo clave.
La defensa de Olmedo López ha puesto en duda la continuidad de la colaboración de su defendido con la justicia, argumentando que no es posible confiar en un Gobierno que no da garantías para los testigos.
