Durante el jueves 12 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la audiencia nacional de seguimiento de la medida cautelar de protección a comparecientes ante este tribunal. En dicha sesión, presidida por la magistratura, intervino el ministro del Interior Alejandro Ordóñez, quien fue convocado para rendir cuentas sobre los avances del Gobierno nacional en la materia.
Sin embargo, en medio de su discurso, se produjo un cruce de intervenciones con el magistrado Gustavo Adolfo Salazar luego de que el jefe de la cartera política cuestionara la legitimidad del tribunal de justicia transicional.
«La Jurisdicción Especial para la Paz es legal, es constitucional, tampoco hay discusión. Pero después de 10 años de firmado el Acuerdo (…) el gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. Y la legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia», dijo el ministro Ordóñez, a lo que el togado lo interrumpió y le aclaró que el objetivo de la audiencia no era discutir la legitimidad del tribunal.
«Señor ministro, no vinimos a discutir la legitimidad de la JEP, yo tengo la palabra aquí. Entonces le voy a pedir, con los colegas, que el señor ministro se atenga, porque además me parece de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP, eso era lo que estaba en sus palabras», respondió el magistrado. Acto seguido, Ordóñez Maldonado reiteró que aún no había terminado su discurso y solicitó continuar con el mismo.
En respuesta, Salazar hizo el pedido de atenerse «a hablar de lo pertinente a la presente audiencia». Posteriormente, la magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, agregó que el motivo de la audiencia era conocer el estado de las medidas propuestas por el Gobierno nacional para la protección de los comparecientes.
Vale indicar que, durante su intervención, Ordóñez habló de la expansión de los grupos armados «a causa de la Paz Total», el asesinato de excombatientes en sitios donde hay mayor presencia de actores armados ilegales y el crecimiento de las áreas sembradas de cultivos de uso ilícito.
